Nuestra oportunidad de futuro

Hace ya más de tres décadas que utilizamos el término sostenibilidad para expresar el objetivo de garantizar las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, fomentando el equilibrio entre el crecimiento económico, el respeto al medio ambiente y el bienestar social.

En el actual contexto marcado por la pandemia de la covid-19, las medidas drásticas tomadas frente a este virus nos han indicado el camino a seguir frente a crisis, no ya episódicas sino estructurales, como es el cambio climático. Frente a un reto de tal importancia hay que responder desde una perspectiva global promoviendo el desarrollo sostenible.

La entrada en vigor en nuestro país de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética va a coincidir en el tiempo con la aplicación de 52.000 millones de euros de los fondos Next Generation UE destinados a impulsar la transición ecológica y favorecer el desarrollo de una reconstrucción verde tras la pandemia.

Que la recuperación deberá ser sostenible y basarse en el respeto al medio ambiente es más que una evidencia. En Europa se ha decidido abandonar la economía lineal en la que se produce, se consume y se tira, por un modelo circular que apuesta por una extracción ajustada de materias primas y el máximo aprovechamiento de los residuos. Estos cambios de modelo los están imponiendo los ciudadanos. El mejor ejemplo lo representa la integración acelerada de las energías renovables como parte de la solución frente al calentamiento global.

Frente al cambio climático, los gobiernos, la ciudadanía y las empresas están tomando cartas en el asunto. En la transición energética todo el mundo importa y aporta en la medida de sus posibilidades.

La sostenibilidad se presenta como un eje estratégico para el futuro de regiones como Extremadura. Estamos inmersos en una transición energética que se concreta en el despliegue de energías renovables y el cambio hacia vectores con menores emisiones como la electricidad o el hidrógeno, además del impulso de la eficiencia energética. Nuestro futuro vendrá marcado por el desarrollo renovable en viviendas y edificios, por el transporte eléctrico y por la expansión de energías limpias generadas eléctricamente, además de la puesta en marcha de mecanismos específicos de adaptación al cambio climático.

Todos ellos son instrumentos realistas para alcanzar progresos en esta década incluidos en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Con este plan ponemos en marcha nuestros recursos y potencialidades para que en 2030 reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10%, fomentemos la penetración de energías renovables hasta el 100% en el sistema eléctrico e impulsemos la eficiencia energética con una reducción de un 22% del consumo de energía primaria.

En primer lugar, el ahorro y la eficiencia energética, sin renunciar al confort. La mejor energía es la que no se consume, en lo público, en los hogares y en las empresas. En segundo lugar, el autoconsumo, que nos permite a todos ahorrar en nuestra factura, con inversiones que se amortizan en pocos años. Y por último, también con grandes plantas de energías renovables. Sin ellas sería imposible cumplir los objetivos de reducción de emisiones.

Afortunadamente nos estamos acostumbrando a ver paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas y en las cubiertas de las naves industriales. También a que se anuncien inversiones millonarias en la región. Muchas de ellas están relacionadas con las energías renovables directamente o con proyectos industriales en los que las energías renovables tienen una presencia destacada dada la rebaja de costes energéticos que conllevan. Las iniciativas renovables producen la energía más barata además de impulsar y hacer más competitiva nuestra economía.

El desarrollo renovable está siendo aprovechado por industrias extremeñas para especializarse, y crecer más allá de nuestras fronteras regionales. La sostenibilidad debe mirarse como una palanca para el crecimiento, no como un obstáculo. Tenemos que aprovechar nuestros recursos para generar nuevas posibilidades de desarrollo e innovación. Las reticencias continuas solo paralizan.

En Extremadura trabajamos por un desarrollo energético renovable que sea sostenible, y por tanto, compatible con la biodiversidad que atesoramos. Cada proyecto renovable que se autoriza cuenta con el máximo control medioambiental exigible por la normativa vigente, formando parte de un proceso administrativo participativo, transparente y sin atajos.

Este despliegue está siendo valorado por los inversores que apuestan por la región. Además de nuestros recursos naturales, somos competitivos en otros muchos aspectos, tangibles e intangibles. La estabilidad política, la planificación responsable con criterios objetivos, la agilidad administrativa, la seguridad y la confianza en el trabajo bien hecho, la capacidad y cualificación laboral son, en muchas ocasiones, elementos que pesan más en la localización de una inversión que las horas de sol al año.

Si queremos maximizar los beneficios que para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente ofrece la transición energética, debemos afrontarla eficaz e integralmente, teniendo en cuenta todas las sensibilidades y afecciones, pero no dejando pasar esta coyuntura propicia. Nos jugamos mucho.

La lucha contra la emergencia climática debe ser sostenida en el tiempo y en su avance la sostenibilidad debe guiar nuestras acciones en el hogar y en los centros de producción. Comprar un vehículo o instalar autoconsumo en el techo de una fábrica son decisiones cotidianas a tomar con criterios sostenibles. Y es lógico que así sea porque se trata de actuar de forma inteligente y rentable. La transición ecológica impulsa el progreso, por eso el futuro de Extremadura se escribe en clave sostenible.

La crisis sanitaria ha supuesto un reto para las Administraciones Públicas, ante la necesidad de compatibilizar la prestación de servicios a los ciudadanos con la protección de la salud de sus empleados. Todo ello con la obligación de actuar con acierto y rapidez. Pero, como en otros sectores, también ha acelerado su modernización, con medidas como la adaptación de jornada y el teletrabajo. La superación de la pandemia ofrece por tanto un escenario idóneo para afrontar los cambios necesarios para las necesidades actuales.

El fomento de la digitalización será una de las grandes apuestas, tanto en la relación con la ciudadanía como en la tramitación administrativa. Ese impulso debe servir también para la adaptación de los puestos de trabajo a los nuevos tiempos, aprovechando la renovación de las plantillas. Solo en la Administración autonómica, con casi 50.000 efectivos, se estima que más de la mitad de sus trabajadores se jubilará en los próximos quince años. Aunque no es necesario ir tan lejos, ya que 4.000 lo harán antes de 2025. Los partidos con representación parlamentaria ya han alcanzado un gran pacto para promover la modernización y reordenación del personal de la Junta de Extremadura.

El rejuvenecimiento de las plantillas y la adecuación de los trámites administrativos a las capacidades de las nuevas tecnologías también afecta a los empleados del sector público estatal, más de 13.000 en la comunidad, así como a los cerca de 24.000 de las entidades locales, donde además la modernización de los procesos choca con las carencias de infraestructuras en cuestiones como las redes de alta capacidad.