Exclusión financiera: una amenaza para colectivos vulnerables

Desde 2008 echaron el cierre en Extremadura más del 40 por ciento de las oficinas bancarias».

«Caja Rural de Extremadura, implicada con el territorio, es de las pocas entidades que ha reforzado su presencia en la región».

«Las personas mayores, las personas que no tienen conocimientos digitales o que viven en municipios sin internet son colectivos vulnerables a la exclusión financiera».

Uno de los términos que más se emplea a la hora de luchar contra la desigualdad es el de exclusión social asociada a la falta de recursos económicos o de servicios esenciales, como puede ser la educación, la sanidad o las comunicaciones, pero hay otra serie de servicios que tradicionalmente no son percibidos por la ciudadanía como básicos y que son fundamentales en el día a día de las familias, las empresas y la propia sociedad. Se trata de los servicios financieros.

Su carencia ya se ha considerado como otra forma de exclusión, en este caso ‘exclusión financiera’, entendida como los problemas de determinadas personas y empresas al acceso a diversos productos y servicios financieros y que se ha visto acrecentada por el cierre de oficinas y cajeros por todo el territorio nacional y regional como consecuencia de la crisis de 2008.

Antes de ese año se había vivido una época de expansión de la red de entidades por todo el país. Con la llegada de la crisis financiera fue necesaria una importante reestructuración bancaria tanto en el número de entidades como en el de oficinas y cajeros, que afectó a casi todos los bancos excepto a algunas entidades que no dependían del exterior y contaban con unas cuentas saneadas y su sede y arraigo en el territorio, como es el caso de Caja Rural de Extremadura.

En España, desde 2008 hasta diciembre de 2022, se ha registrado el cierre de un total de 28.059 oficinas bancarias, lo que supone el 61% menos que antes de la crisis. Si miramos el número de cajeros, la reducción en esos 14 años ha sido del 27% con 16.481 cajeros menos en todo el país, según los datos recopilados por el IVIE y la Universidad de Valencia.

En cuanto a las cifras de Extremadura, en septiembre de 2008 había un total de 1.196 oficinas que se redujeron a 660 en diciembre de 2022 (el 41% menos), lo que supuso el cierre de 536 oficinas en 14 años. La provincia de Cáceres, con menor población y municipios más pequeños es la que sufrió más las consecuencias con la pérdida del 61% de sus sucursales (275 menos) mientras que en la provincia de Badajoz bajaron la persiana el 35% (261 oficinas menos).

Unos datos que contrastan con los de Caja Rural de Extremadura, que durante este periodo no ha visto reducido el número de oficinas, sino que lo ha aumentado ligeramente, algo que es posible dado que el origen de esta entidad de crédito cooperativo es buscar la rentabilidad social, con una forma de hacer negocio centrada en la cercanía y la confianza, no en los balances.

Si seguimos analizando los datos existentes, el cierre de oficinas ha sido superior, proporcionalmente, en los núcleos de población con más de 10.000 habitantes, que han visto mermada su oferta, pero no suprimida. Cuando el cierre ha sido en pequeños municipios, las consecuencias han sido mayores dado que los vecinos se han encontrado con que se han quedado sin oficina o cajero, con lo que eso supone de limitación en el día a día.

Inmersos en la era digital se podría decir que menos oficinas no implica, necesariamente, que se limite el acceso a los servicios financieros, puesto que la banca electrónica es una herramienta que cada día tiene una mayor implantación, pero el problema se da con ciertos colectivos ‘vulnerables’ y que no tiene acceso a estos instrumentos, lo que puede ser una amenaza a la hora de recibir un servicio esencial básico.

Las personas mayores, las personas que no tienen conocimientos digitales, colectivos que residen en municipios sin acceso a internet o que no disponen de ordenador o teléfono inteligente son vulnerables y de especial atención porque con el cierre de la oficina y del cajero se puedan encontrar excluidos financieramente, algo que por las características de densidad de población, dispersión y envejecimiento, puede afectar especialmente a Extremadura.

Para luchar contra la discriminación de estos colectivos vulnerables, en Extremadura se está trabajando a través de la cooperación público-privada para poner en funcionamiento herramientas que permitan el acceso a servicios bancarios en la región, ya sea con oficinas o con cajeros de última generación que faciliten las transacciones necesarias del día a día, como es ingresar o sacar dinero, pagar recibos o recargar un teléfono móvil, entre otras.

De esta forma la Administración regional y las diputaciones provinciales han puesto en marcha un plan de ‘inclusión financiera’ que permite acceder a servicios bancarios en esos pequeños municipios que se ven privados de este servicio en la región y al que, como no podía ser de otra forma, Caja Rural de Extremadura se ha sumado.

De esta forma, hemos impulsado la puesta en marcha de 32 puntos de servicio financiero para municipios que no lo tenían o que lo perdieron con la crisis.

A diferencia de los grandes bancos, Caja Rural de Extremadura no ha visto reducida el número de oficinas en la región desde el año 2008, sino que las ha aumentado ligeramente y se ha convertido en la entidad extremeña con mayor implantación territorial al contar con una red de 110 oficinas distribuidas por toda la comunidad autónoma.

Esta red favorece el acceso a los servicios financieros de manera cercana y personalizada a los ciudadanos, ajustada a las necesidades y al conocimiento del territorio, algo que es posible porque las entidades de crédito cooperativo llevan en su ADN principalmente la rentabilidad social, y no solo la económica.

En definitiva, es responsabilidad de entidades como Caja Rural de Extremadura el ofrecer a los ciudadanos servicios básicos en el día a día como es como es la posibilidad de realizar transacciones, pagos, ahorro, crédito o seguros, entre otras cosas. No hay que mirar ni medir tanto las cifras macroeconómicas, sino poner rostro a las personas que están delante de un mostrador solicitando que se les preste un servicio vital para ello. Las cooperativas de crédito no somos meros dispensadores de productos bancarios, sino que somos un instrumento vital que está totalmente implicado en la lucha contra la exclusión financiera, el desarrollo social y con la acompañar a los colectivos vulnerables que puedan verse amenazados. Nuestro compromiso es claro por la inclusión de todos.