El comercio de alimentación: la dimensión social y los retos de un sector esencial

Dimensión social

El año 2020 supuso un antes y un después en la historia de la distribución y el comercio de alimentación. La toma de conciencia por parte de la sociedad, quizá por primera vez, de la importancia de encontrar muy cerca de sus casas un surtido de alimentación completo, de calidad, a precios competitivos y en un entorno seguro, ha ocasionado que la dimensión social del supermercado de proximidad se haya visto claramente reforzada.

Estos últimos dos años están sirviendo para redescubrir los valores del comercio de proximidad y para demostrar que la excelente cadena de valor agroalimentaria con la que contamos nos proporciona la seguridad de que en ningún lugar de España falte un suministro de alimentación completo, seguro y a precios competitivos. Una cadena que se ha apoyado en la eficacia y en el sentido de la responsabilidad de las decisiones empresariales y en el gran valor del capital humano, que ha demostrado una valentía y un nivel de compromiso extraordinario con los ciudadanos.

En la actualidad, la distribución alimentaria sigue demostrando que representa un sector esencial que juega un papel de vital importancia en momentos de incertidumbre, contribuyendo a asegurar que la alimentación no sea un problema añadido a otros, como ha ocurrido durante la pandemia y como acontece en la actualidad con la crisis multifactorial que venimos padeciendo (subida de precio de materias primas, costes de la energía y los carburantes, crisis del transporte y tensiones logísticas, sequías, sobrerregulación…) agravada por la invasión de Ucrania, y que se manifiesta a través de una subida de precios galopante.

Eficiencia y competitividad

La evolución que ha experimentado la distribución con base alimentaria en España hace que, según el estudio «La distribución comercial en Europa: eficiencia y eficacia de los diferentes modelos», dirigido por Ignacio Cruz Roche, nos encontremos entre las más eficientes de Europa.

Ello se debe a cuatro factores principales: un mayor equilibrio entre formatos que en otros países europeos; una menor concentración empresarial en el que conviven empresas multinacionales, nacionales y regionales, cooperativas y franquicias, que compiten en beneficio del consumidor; un empleo intensivo, gracias al cual el sector es capaz de demandar trabajo incluso en épocas de crisis; y un alto grado de inversión en innovación, que ha permitido desarrollar una estructura logística altamente eficaz.

Para lograr esta variedad de empresas y formatos, es condición imprescindible poder competir en precio y en surtido. Para ello, el papel de las centrales de compra y la distribución mayorista ha sido fundamental.

La competencia es, por tanto, una de las características más destacadas de la estructura de la distribución alimentaria en España y uno de los motivos que hacen que, incluso en el escenario inflacionario en el que nos encontramos, los precios de la alimentación en España estén hasta cinco puntos por debajo de la media europea, según datos de Eurostat.

Retos: digitalización y sostenibilidad

A pesar de la alta competitividad y la eficiencia del sector, sigue habiendo oportunidades de mejora y retos futuros. El reciente dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Oportunidades de la transformación digital para las empresas de distribución y ventajas para los consumidores europeos» indica que la pandemia ha sido un acelerador de la «transformación digital» de las empresas. Hoy en día se está desarrollando un proceso de digitalización que afecta principalmente a los procesos logísticos, a los medios de pago y a las relaciones en la cadena, entre otros.

Por otro lado, está la sostenibilidad y el respeto y el cuidado del medio ambiente. La innovación tecnológica en materia de eficiencia energética, la movilidad sostenible, la reducción del desperdicio alimentario y la disminución y recuperación de materiales se encuentran entre los principales retos a afrontar en este sentido.

Los ambiciosos paquetes normativos que en el terreno del medioambiente están sobre la mesa van a impactar de manera importante en la distribución alimentaria. En el ámbito europeo, destacan la estrategia «de la Granja a la Mesa», la legislación de sobre gestión de residuos, especialmente, envases, que recoge principios como «quien contamina paga» o la «Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)» y el paquete «Objetivo 55» (Fit for 55), un bloque de propuestas interconectadas para conseguir la reducción de emisiones en, al menos, un 55 por ciento de aquí al 2030 sobre la referencia de los datos de 1990.

La adaptación de este amplio paquete normativo europeo está teniendo lugar en España a través de varios proyectos normativos, agrupados o relacionados con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, como son el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley para combatir el desperdicio de alimentos y el Proyecto de Real Decreto de Envases, que incide en el envase retornable, aunque adolece de un estudio de impacto social, medioambiental y económico, algo fundamental para que su aprobación responda asimismo a criterios de racionalidad económica y social. La tramitación de esta normativa debería partir de la reflexión profunda y conjunta del todos los eslabones de la cadena agroalimentaria

Amenazas

Pero varias amenazas se ciernen en el horizonte y pueden lastrar la sostenibilidad de las empresas: las posibles subidas impositivas que afectan al consumo, tanto directas como indirectas (muchas de las normativas medioambientales vienen inexorablemente acompañadas de medidas fiscales); el problema de hurto multirreincidente; el absentismo laboral que preocupa mucho a empresarios y trabajadores, y, por último, el exceso de normativa que implica costes extraordinarios y limita la operatividad empresarial.

Antonio Garrigues, en su artículo publicado en EXPANSIÓN hace unos meses titulado «La distribución alimentaria ante la crisis multifactorial: cinco medidas para garantizar el abastecimiento» reflexiona sobre las medidas urgentes que serían necesarias para ayudar a las empresas de distribución en la actual coyuntura muy compleja y que, además de al mundo empresarial, impacta directamente en los consumidores. Entre estas medidas destaca las siguientes: que las empresas de distribución puedan acceder a costes de energía en mejores condiciones; que se asegure un transporte seguro y eficiente; que reduzca –o por lo menos se aplace- la presión fiscal y que se garantice el acceso a las materias primas. Todo ello, bajo un denominador común: la necesidad de que el sector de la distribución alimentaria sea considerado esencial desde un punto de vista legal para, de este modo, poder reaccionar con la rapidez y flexibilidad necesarias a estos y otros desafíos que puedan surgir en el futuro.