La incertidumbre continúa

Con el rápido avance de la vacunación y los resultados de los indicadores económicos más recientes (PMI, afiliación a la seguridad social, exportaciones…), las perspectivas para la economía española son ahora un poco más optimistas, pero las condiciones de contorno que afectan al sector construcción son tremendamente preocupantes. Si comparamos los datos de licitación de obra pública del conjunto de las Administraciones Públicas del primer trimestre de 2021 y 2020 (aún sin decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria covid-19) se aprecia un incremento del 46,5%, si bien un 20% inferior al mismo periodo de 2019. Mejorar sobre lo ya de por sí malo, es sencillo y no debemos dejarnos despistar por espejismos. En valores absolutos, la cifra de licitación (Obra Civil + Edificación) del 2020 supuso un 1,3% del PIB, tremendamente lejos de las cifras de periodos anteriores y muy distante de las necesidades reales de creación de nueva infraestructura y de mantenimiento y conservación de las existentes.

Si hay un sector dependiente de las materias primas es el nuestro. Analizando la evolución de los futuros de las commodities, entre abril de 2020 y abril de 2021, el precio del barril de Brent se incrementó en un 164% (IPE Londres). El del cobre y el del aluminio en un 90 y 64% (London Metal Exchange) respectivamente y de manera llamativa el acero, que según datos de Anifer, ha supuesto casi un 40% en el mismo periodo. Y lo peor de todo es que la tendencia alcista es imparable.

Las consecuencias de esta alocada subida de precios son gravísimas para nuestra actividad. Se estima que el incremento medio del precio de los materiales necesarios para la ejecución de una carretera supera el 50% sin hablar de la particularidad de las unidades que incluyan productos bituminosos en los que la subida es aún más pronunciada. En materia de ferrocarriles la subida media roza el 25% y muy superiores si se individualiza en las partidas con materiales siderúrgicos.

En el escenario actual de contratación, ofertar una obra de larga duración con varias anualidades, se convierte en un ejercicio de adivinanza y 'bola de cristal' que implica un riesgo de tal magnitud que resulta inasumible para muchas empresas. Y si difícil y complicado es ofertar con cierto grado de conservadurismo para no incurrir en riesgos económicos insalvables, más lo es continuar con obras en ejecución ofertadas hace meses a precios 'normales' digiriendo esta subida espectacular sin comprometer la viabilidad de la obra y por tanto la obligación contractual.

Ante esta situación, se hace indispensable el retomar el mecanismo de la Revisión de Precios, encaminado a mantener el equilibrio económico de los contratos y así garantizar el cumplimiento de los mismos, prácticamente en desuso desde la entrada en vigor de la Ley de Desindexación (RD/55/2017). Pero si los Órganos de Contratación quieren y están dispuestos a atacar el problema, es recuperable y aplicable previa justificación en el expediente de contratación y de conformidad con lo establecido en dicho RD.

De igual manera, las Administraciones inversoras deben darse cuenta de que habitualmente, la oferta más barata no es la mejor para sus intereses. Premiar la oferta más económica en detrimento de su bondad técnica, es un error que pagan caro tanto el empresariado como la propia Administración. Ejemplos hay muchos. Moderar y limitar en los Pliegos el premio en forma de puntos al licitador que más está dispuesto a perder, es un ejercicio que vería su resultado en corto espacio de tiempo con obras más breves en su ejecución, mayor calidad en la misma, y con empresas más eficientes al tener cuentas de resultados más sanas, posibilitando así su crecimiento y aumentando su fortaleza financiera, pilares fundamentales para poder atacar mercados para ellas inalcanzables en estos momentos.

A este panorama nada alentador se le une, la escasez de mano de obra especializada. No son compatibles las cifras de paro juvenil con la necesidad de profesionales que requiere el sector, algo no encaja. Algunos factores no hacen atractivo nuestro sector a los jóvenes y hay que estudiar a fondo ese aspecto para corregir esa tara. Además, si hay un sector capaz de generar empleo de forma inmediata ese es el constructor, ofreciendo puestos de trabajo de calidad en el que podrían reubicarse muchos trabajadores afectados por el cese de actividad motivado por la crisis sanitaria. La llegada de los Fondos Europeos con sus condicionantes temporales de ejecución es, o así lo parece, inminente, pero con este panorama que aprisiona el sector, ¿se puede garantizar un razonable grado de cumplimiento en la ejecución de los mismos? Estos fondos son básicos y fundamentales para consolidar la recuperación económica, pero la Administración ha de garantizar los mecanismos que corrijan las deficiencias que he puesto de manifiesto anteriormente (entre otras muchas) para que la movilización de esos fondos se realice dentro de los plazos establecidos ante el riesgo de su pérdida, lujo que creo honestamente no nos podemos permitir.

Y hay que pensar en que cuando los fondos europeos desaparezcan, nuestro sector debe seguir a la velocidad de crucero que éstos le hayan permitido tomar, de manera constante en el tiempo y habrá que buscar fórmulas de financiación para la creación y mantenimiento de infraestructuras. La vía de financiación con cargo a Presupuestos Públicos (pago por el contribuyente) se va agotando poco a poco y las consecuencias son visibles en la falta de conservación y mantenimiento y el continuo retraso en la ejecución de las obras planificadas hace años que languidecen en forma de proyectos (en el mejor de los casos) que se ven desfasados técnica y económicamente por el paso del tiempo.

Es necesario el diseño de un sistema de financiación que cumpla con varios objetivos: garantía de recursos económicos suficientes y constantes para el mantenimiento y modernización de todo tipo de infraestructuras, fomento de políticas medioambientales, del transporte público y la eficiencia de las comunicaciones. Y, sobre todo, que aparte de cumplir con las necesidades técnicas y económicas requeridas, sea un sistema justo y equitativo para los usuarios.

Tan importante es el sector de la construcción que en los días más duros del confinamiento para intentar frenar la expansión de la covid-19, sus trabajadores pudieron seguir yendo a la obra, porque el sector está considerado como esencial. Lo fue y lo sigue siendo. Y lo será en el futuro a corto, medio y largo plazo. Un horizonte, el más próximo y el más lejano, que no se concibe sin la reactivación de un sector al que la pandemia ha propinado un puñetazo en la boca del estómago que aún le mantiene tambaleante.

Entre abril y diciembre del año 2020, la superficie visada en la región se redujo un 13%, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade).

El dato deja claro el parón en la actividad, lo mismo que este otro: la venta de viviendas nuevas disminuyó en 2020 un 21% respecto al ejercicio anterior. La caída ha afectado, claro está, a las cifras de empleo (4% de bajada entre febrero y diciembre de 2020, según las estadísticas de la Seguridad Social). Pero frente a esta realidad, hay otra: la covid-19 disparó las reformas en casa. Pequeñas obras que han constituido un sostén temporal para el sector, clave para la economía regional en su conjunto y más aún para el de algunas localidades de la comunidad autónoma, donde la construcción empuja los datos de empleo hacia arriba o hacia abaja y por tanto, marca el pulso del bienestar.

Superado lo peor de la pandemia, el sector afronta un momento clave.