¿Tormenta perfecta o suma de errores?

Hace apenas unos meses, las expectativas que todos teníamos eran positivas: los dos años de pandemia nos habían hecho adaptarnos e implementar cambios en nuestras empresas para ser (o al menos intentarlo) mucho más agiles y dinámicos. Hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre el futuro de nuestro sector y afrontábamos el 2022 con muchos y nuevos proyectos.

El sector de la construcción, también golpeado por la pandemia en sus primeros momentos, retomó la actividad rápidamente por considerarse esencial. Es notorio que se trata de uno de los motores más importantes en el mantenimiento de la economía nacional y regional, así como en el mantenimiento del empleo. Las perspectivas del bienio 2021-22 auguraban un aumento exponencial de la actividad para los próximos años ligado tanto al sector privado, con buena parte del ahorro familiar acumulado dirigido a la reforma y compra de vivienda nueva, y al sector público con los Fondos Europeos de recuperación.

Al cierre de 2021, la licitación pública en Extremadura alcanzó la cifra de 807 millones de euros, un 119% más que el año anterior; los visados de obra nueva para uso residencial se situaron en 2.064 unidades, lo que supone un incremento del 54,4% respecto a 2020 y de un 10,5% si se compara con 2019. Los visados para ampliaciones y reformas fueron de 3.502 unidades, lo que supuso un 47,9% de subida respecto al 2020.

Pero los datos del primer semestre del 2022 ya evidencian una preocupante caída de actividad, tanto en la contratación pública (-54.5%) como en la obra nueva residencial (-56.4%), según datos del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción.

La situación se ha tornado compleja en los últimos meses: los incrementos de costes de las materias primas y de la energía, las fuertes tensiones en la cadena de suministros, así como la falta de mano de obra cualificada, han ocasionado una escalada en los precios de ejecución en obra que, en la mayoría de los casos, no se han podido trasladar. La suma de estos factores ha situado a gran parte de las empresas del sector en una posición muy delicada, con grave riesgo de viabilidad.

En el sector público la situación es difícil de sostener; tanto en las obras ya iniciadas como en las nuevas adjudicaciones se hace imposible asumir la excepcional subida en los distintos materiales con incrementos que van desde un 30% en el mejor de los casos, llegando algunos productos a encarecerse hasta un 200%.

Durante los primeros meses del 2022, hemos visto cómo quedaban desiertas licitaciones, obras que se paralizaban o se abandonaban. La Ley de Contratos del Sector Público no permite revisión de precios. Por eso, al igual que ha sucedido en otros sectores, se hace necesaria una revisión temporal de este mandato. La tibieza de los distintos Decretos de la Administración central y autonómica no han servido para solventar y aportar soluciones.

Desde todas las organizaciones empresariales sectoriales se ha intentado llegar a acuerdos de revisión de precios con las distintas administraciones que, aunque no supusiera beneficios para las compañías, sí permitiera cumplir con la viabilidad de las obras, el buen fin de las mismas y no se ocasionara un tsunami de quiebras en nuestro sector. Es necesario un compromiso firme por parte del Gobierno Autonómico y las demás administraciones, que apueste por un mecanismo de revisión de precios que sea ágil, equilibrado y que permita una seguridad al contratista en el cumplimiento de su obligación contractual.

Más datos que nos deben hacer pensar: el segundo semestre del 2022 ha arrancado con un incremento en la morosidad del sector de la construcción y, por tanto, con el consiguiente peligro de quiebra (así, como suena) de muchas compañías; esta situación arrastrará a buena parte del tejido empresarial y afectará al empleo y al no aprovechamiento de los tan esperados Fondos Europeos de recuperación.

A este panorama de incremento de precios, en la obra nueva residencial, se le suma ahora un aumento en los tipos de interés que ya está ocasionando un descenso en los visados y retraso en el inicio de nuevos proyectos.

Como punto positivo, la Comisión Europea ha puesto en marcha los Fondos Next Generation con buena parte de los mismos, 6.800 millones de euros, destinados a la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas y en edificios públicos. Sin duda estos fondos pueden ser un halo de esperanza que ayude a paliar la situación de crisis que vive el sector de la construcción, pero es necesario que la Administración, más que nunca, actúe como agente facilitador. España y sus distintas administraciones tienen una larga tradición de incumplimiento en los plazos y aprovechamiento de los fondos llegados de Europa y la dilatación en el tiempo de aplicación de los mismos, hará que el impacto no sea el esperado y para lo que fueron constituidos.

Sin duda la «tormenta perfecta» está afectándonos de lleno, pero no podemos eludir la responsabilidad de los poderes públicos y de las empresas y sucumbir no poniendo remedio a las cuestiones que sí están en nuestra mano, permitiendo que errores en la gestión de las oportunidades hagan que se vuelvan en contra.

España se sitúa a la cabeza en la recepción de los fondos por parte de la UE. Por eso mismo, no podemos desaprovechar esta oportunidad; estos fondos han de servir para acometer una transformación real, modernizando nuestro tejido productivo. Hay que evitar por todos los medios que no se conviertan en otro «Plan E». Para ello es necesario una mayor interrelación entre las distintas administraciones, detectando los ámbitos de actuación más necesarios, teniendo en cuenta que, son los gobiernos autonómicos los encargados de gestionar el 55% de los fondos, y por tanto ayuntamientos y diputaciones provinciales, la aplicación ha de tener un sentido de generación de riqueza y empleo, y no se conviertan en simples proyectos de mejora, que aunque si redunden en la ciudadanía no consigan generar un impacto real de transformación. No podemos permitirnos en Extremadura el gasto innecesario: los proyectos tienen que cumplir criterios de eficiencia, dotar y cubrir necesidades reales.

Desde el punto en el que nos toca tan de cerca, toda esta suma de factores, la distribución de materiales de construcción tiene un papel fundamental. Toda la vida llevamos aportando soluciones constructivas que aminoran los costes, colaboramos y facilitamos el acceso a nuevos materiales y mercados, que no siendo los habituales, aportan en estos momentos opciones que permiten la viabilidad de todo tipo de proyectos. Pavimentos Garrido y las empresas de las que formamos parte, Matteria e Ibergroup, apuestan por una gestión especializada, optimizando precios y suministros, teniendo como máximo objetivo la mejora continua y una atención profesional.

El realismo debe ser una virtud de todo líder, público o empresarial, por lo que tenemos por delante una situación compleja que, al menos nosotros, afrontaremos con la mayor responsabilidad. Sabemos que Pavimentos Garrido no debe perder el objetivo que siempre nos ha guiado como familia empresaria, apostando por la creación de riqueza y empleo en nuestro entorno, colaborando y participando en las organizaciones sociales y profesionales con el único fin de superar esta nueva crisis manteniendo el bienestar de nuestros trabajadores y clientes y, con ellos, de toda la sociedad.